Por Marjorie Acevedo Galindo · Abogada laboralista, exjueza de Primera y Segunda Instancia del Trabajo · Publicado el 27 de octubre de 2026 · Actualizado: 27 de octubre de 2026
Un trabajador con la relación laboral vigente puede demandar directamente ante los tribunales el pago de conceptos laborales concretos. No está obligado a acudir antes a la Inspectoría del Trabajo. Así lo decidió la Sala Político-Administrativa el 15 de octubre de 2026, al declarar sin lugar el recurso de una empresa que sostenía lo contrario y condenarla en costas.
Si usted dirige una empresa con trabajadores activos, es probable que se haya dicho: «mientras sigan trabajando, cualquier reclamo pasa primero por la Inspectoría». Esta sentencia muestra que no necesariamente es así, y que sostenerlo sin base se paga en costas y en tiempo. Más abajo, qué decidió la Sala y qué conviene revisar.
¿Qué decidió la Sala Político-Administrativa el 15 de octubre de 2026?
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Suplente Luis Emilio Rondón González, resolvió un recurso de regulación de jurisdicción que presentó una empresa de telecomunicaciones contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Lara, del 10 de abril de 2026. Ese tribunal había declarado que el Poder Judicial sí tenía jurisdicción para conocer la demanda.
En su dispositivo, la Sala:
- declaró sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción;
- declaró que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda;
- confirmó la decisión del tribunal de Lara;
- condenó en costas procesales a la empresa por haber resultado vencida en el incidente (artículo 276 del Código de Procedimiento Civil);
- ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para que la causa siga su curso.
Para entender el resultado hay que ver qué alegó cada parte.
Qué alegaron el trabajador y la empresa
El trabajador, un asesor comercial que ingresó en noviembre de 2024 y seguía activo al demandar (19 de diciembre de 2025), reclamó el cobro de un incentivo que, según afirmó, le ofreció un gerente por cumplir una meta de ventas, además de vacaciones y bono vacacional fraccionados, utilidades, días de descanso y feriados laborados, e intereses sobre prestaciones. Estimó el total en USD 2.099,10. Son alegatos suyos: la Sala no los examinó.
La empresa opuso, como punto previo en la audiencia preliminar del 7 de abril de 2026, la falta de jurisdicción: sostuvo que el trabajador estaba activo y que su reclamación versaba sobre condiciones de trabajo, que a su juicio debían conocer las Inspectorías del Trabajo.
La pregunta, entonces, era a quién le corresponde conocer un reclamo de pago de un trabajador activo.
¿Cuándo hay falta de jurisdicción y por qué no se configuró?
Según la Sala, existe falta de jurisdicción cuando el asunto corresponde a un órgano de la Administración Pública, a un juez extranjero o a un tribunal arbitral. Para saber si la Inspectoría tenía que conocer este reclamo, la Sala hizo cuatro comprobaciones:
| Comprobación | Resultado según la Sala |
|---|---|
| ¿La ley atribuye a los tribunales laborales los contenciosos derivados de la relación de trabajo? | Sí: artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo |
| ¿La vía administrativa del artículo 513 de la LOTTT impide demandar? | No. Su existencia «no permite concluir» que toda pretensión de pago deba plantearse allí ni que quede excluida de la jurisdicción laboral |
| ¿Se pide reenganche, restitución por inamovilidad o calificación de despido? | No: se piden conceptos concretos |
| ¿Hay un procedimiento administrativo pendiente que deba decidirse antes? | No |
La Sala añadió que el hecho de que la relación continúe vigente no desvirtúa el carácter contencioso e individual de la pretensión, y se apoyó en un antecedente propio: la sentencia N.º 00994 del 12 de diciembre de 2024 (expediente N.º 2024-0450), que declaró la jurisdicción del Poder Judicial frente a la Inspectoría en una demanda por diferencias de salarios caídos y otros beneficios.
Esta decisión se parece al conflicto de otro artículo de esta serie, pero responde a una pregunta distinta, que conviene separar.
¿Inspectoría o tribunales? Qué va a dónde, según los criterios de la Sala
La Sala Político-Administrativa distingue por el objeto del reclamo, y la Sala de Casación Social lo hace por la distinción entre hecho y derecho. Combinados, el mapa queda así:
| Tipo de reclamo | ¿Ante quién? | Criterio |
|---|---|---|
| Pago de conceptos laborales concretos (incentivos, vacaciones, utilidades, descansos, intereses), aunque la relación esté vigente | Tribunales del Trabajo | Esta sentencia (Sala Político-Administrativa, 15-10-2026) |
| Reenganche de trabajadores con inamovilidad tras una suspensión o cierre de la entidad de trabajo | Inspectoría del Trabajo | Sala de Casación Social, sentencia N.º 0440 del 23-10-2025, sometida a consulta de jurisdicción. [Ver el artículo sobre reenganche por cierre de empresa; PENDIENTE confirmar la decisión de la Sala Político-Administrativa] |
| Calificación de despido, desmejora o inamovilidad | Inspectoría del Trabajo | Así lo asume la propia sentencia al excluir esos supuestos de su análisis |
Atención: el cuadro resume lo que dicen las sentencias; cada caso depende de cómo se formule la pretensión. ]
Qué debe revisar su empresa si un trabajador activo reclama pagos
Estas recomendaciones se desprenden del texto de la sentencia. Son generales; su aplicación depende de los hechos de cada empresa.
- No dé por sentado que «activo» significa «sin demanda». Un trabajador con la relación vigente puede demandar el pago de conceptos concretos ante los tribunales.
- Opóngase a la jurisdicción solo con base clara. Aquí, el incidente de falta de jurisdicción tardó más de seis meses (desde la audiencia preliminar del 7 de abril hasta la decisión del 15 de octubre) y terminó con costas a cargo de la empresa. Hubo además una pausa por el cierre del TSJ tras los sismos de junio de 2026.
- Ponga por escrito los incentivos y premios. El reclamo parte de una oferta que, según el trabajador, hizo un gerente. Si su empresa ofrece incentivos por metas, conviene documentar condiciones, plazos, premio y quién autoriza. [Es una recomendación general; no hay decisión de fondo sobre este incentivo.]
- Lleve al día el soporte de vacaciones, bono vacacional, utilidades, descansos y feriados. Son los conceptos que el trabajador reclama y que el juicio examinará con prueba.
- Valore el costo de litigar un incidente. Una reclamación estimada en unos USD 2.100 generó seis meses de discusión solo sobre quién debía conocerla.
- Identifique el foro antes de actuar. Saber si el asunto va a la Inspectoría o a los tribunales evita errores de tiempo y de costas.
Lo que esta sentencia no resuelve
- No decide si el incentivo existió ni si se cumplió la meta. La Sala dejó claro que esas afirmaciones se demuestran en la fase de conocimiento.
- No decide la existencia de la relación en los términos alegados ni los montos de los conceptos reclamados.
- No prohíbe acudir a la Inspectoría. Dice que esa vía no excluye la judicial.
- No es una doctrina nueva. Se apoya en un precedente de 2024 de la propia Sala.
- Es una decisión sobre un incidente de jurisdicción, no sobre el fondo. [VERIFICAR el alcance antes de generalizar.]
Queda una duda práctica para quien gestiona la empresa: cuándo conviene discutir la vía y cuándo discutir el fondo. La respuesta depende de cada expediente.
Antes de oponer una defensa o elegir la vía, que lo revise quien ha decidido estos casos
La Sala Político-Administrativa condenó en costas a una empresa que discutió durante más de seis meses a quién le correspondía un reclamo, antes de entrar a discutir si le debía algo. Entre elegir mal la vía y perder tiempo y costas hay poco margen para improvisar.
Durante 50 años, 17 dedicados al poder judicial, Marjorie Acevedo Galindo resolvió conflictos laborales como abogado en ejercicio y jueza de Primera y Segunda Instancia. Hoy aplica esa mirada para que su empresa llegue a cada reclamo con la vía, la defensa y el soporte documental en orden.
¿Ya tiene abogado en el caso? No necesita cambiarlo. Una segunda opinión sirve antes de oponer la defensa, no después.
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Este artículo es informativo y no sustituye la asesoría jurídica sobre un caso concreto. No se garantizan resultados.