Por Marjorie Acevedo Galindo · Abogada laboralista, exjueza de Primera y Segunda Instancia del Trabajo · Publicado el 27 de octubre de 2026 · Actualizado: 27 de octubre de 2026
Cuando una empresa cierra y los trabajadores amparados por inamovilidad piden volver a su puesto, la Sala Político Administrativa declaró que esa petición no corresponde a los tribunales laborales, sino a la Inspectoría del Trabajo. Los jueces atienden los asuntos de derecho; las situaciones de hecho, como la reincorporación, son de la Administración. La decisión fue sometida a consulta ante la Sala Político-Administrativa.
¿Qué decidió la Sala Político Administrativa?
En su sentencia N.º 0440 del 23 de octubre de 2025, la Sala Político Administrativa resolvió una solicitud de regulación de competencia presentada por los trabajadores, y fue más allá: declaró de oficio que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la pretensión, anuló la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Bolívar (sede Puerto Ordaz) del 7 de noviembre de 2024 y ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa para la consulta de jurisdicción. Además, exhortó a los jueces que habían tramitado el asunto a no repetir el error, porque atenta contra la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva.
La Sala identificó tres elementos de hecho en la situación planteada:
- una suspensión de la relación de trabajo (artículo 72, literal i, de la LOTTT) que, según se alegó, terminó convertida en un cierre ilegal de la empresa;
- trabajadores que, según se afirmó, están amparados por inamovilidad laboral;
- reclamos de salarios y demás conceptos que derivan directamente de la reincorporación, por lo que la pretensión no podía dividirse.
Con esos elementos, la Sala concluyó que la Inspectoría del Trabajo es la competente, y que debe atender el caso «de manera oportuna y efectiva». Para entender por qué, hay que ver cómo se reparten las funciones.
¿Qué corresponde a la Inspectoría y qué a los tribunales?
La Sala Político Administrativa sostuvo que el legislador repartió los asuntos así: las situaciones de hecho, a las Inspectorías del Trabajo; los asuntos de derecho, a los tribunales.
| Asunto | Vía competente según la Sala | Base citada |
|---|---|---|
| Vigilar el cumplimiento de la inamovilidad laboral | Inspectoría del Trabajo | LOTTT, art. 507, num. 5 |
| Intervenir ante peligro de extinción de la fuente de trabajo o cierre de entidades de trabajo para proteger el trabajo, el salario y las prestaciones | Inspectoría del Trabajo | LOTTT, art. 509, num. 5 |
| Reincorporación de trabajadores inamovibles cuando el vínculo laboral no ha terminado (suspensión) | Inspectoría del Trabajo | LOTTT, arts. 71 y 420, y sentencias citadas |
| Asuntos de derecho que surjan de la relación | Tribunales laborales | Criterio general de la Sala |
La Sala se apoyó en doctrina propia y de la Sala de Casación Social: la sentencia N.º 571 del 19 de diciembre de 2023 (Sala de Casación Social, caso Martínez contra Cervecería Polar) y las N.º 251 del 14 de julio de 2022 y N.º 680 del 3 de noviembre de 2022 (Sala Político-Administrativa), además de otras de 2011 y 2012. En la primera subrayó que las instancias de protección laboral deben actuar «con la mayor diligencia y celeridad» ante un cierre con interrupción del pago de salarios.
La pregunta que queda es cómo se llegó a este punto, y la cronología del caso muestra por qué importa el tiempo.
Cronología del caso: de un acuerdo de 2018 a una consulta en 2026
Los hechos siguientes son los alegados por los demandantes y los actos procesales que recoge la sentencia. La Sala no se pronunció sobre la veracidad de los alegatos.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 26-04-2018 | Acta de acuerdo entre la empresa y el sindicato: permiso remunerado y suspensión de actividades por cuatro meses (1-05-2018 al 1-09-2018), por falta de suministro de materia prima |
| 1-09-2018 | Vence el plazo; según los demandantes, no se reincorporó a los trabajadores y la planta siguió cerrada |
| 22-01-2019 | Los trabajadores solicitan ante la Inspectoría el procedimiento de protección de la fuente de trabajo (art. 149 LOTTT) |
| 31-07-2019 | Demanda por abstención contra la Inspectora; declarada con lugar el 22-01-2020. Su ejecución forzosa ocurrió dos años después (marzo de 2022), según el relato |
| 20-04-2022 | La Inspectoría admite la solicitud, tres años después; los demandantes sostienen que la empresa no asistió a las reuniones conciliatorias. El 20-09-2022 se ordena cerrar el expediente administrativo |
| 22-02-2023 | Se homologa una transacción judicial en la que, según los demandantes, la empresa entregó en pago todos sus bienes a otra sociedad mercantil |
| 5-08-2024 | Los trabajadores presentan una demanda por protección de intereses y derechos colectivos ante los tribunales (estimada en Bs. 19.154.640) |
| 16-09-2024 | El tribunal de juicio la declara inadmisible por «inepta acumulación de pretensiones» |
| 7-11-2024 | El tribunal superior revoca: considera compatibles las pretensiones, pero declara incompetente al juzgado de juicio |
| 23-10-2025 | La Sala de Casación Social declara la falta de jurisdicción y consulta a la Sala Político-Administrativa |
| 12-03-2026 | Se remite el expediente a la Sala Político-Administrativa |
| 24-06-2026 | El doblete sísmico lleva al TSJ a suspender el despacho de sus Salas hasta el 15-09-2026 |
Más de siete años después del cierre, el fondo del asunto no se ha decidido. Para una empresa, esto no significa que el riesgo desaparezca: significa que puede reaparecer en el despacho que corresponda.
Qué debe revisar su empresa si suspende o cierra actividades
Estas recomendaciones se desprenden del texto de la sentencia. Son generales; su aplicación depende de los hechos de cada empresa.
- Defina ante quién se discute cada cosa. Reincorporación, cierre, inamovilidad y suspensión: Inspectoría. Reclamos de derecho: tribunales. Equivocar la vía no extingue la deuda, solo retrasa la decisión.
- Cuide la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Según la norma que cita la Sala (artículo 72, literal i, de la LOTTT), la autorización de la Inspectoría debe solicitarse dentro de las 48 horas siguientes a los hechos y la suspensión no puede exceder de 60 días. [VERIFICAR en el texto oficial.] Un acuerdo con el sindicato por cuatro meses fue justamente el origen de este conflicto.
- Documente la fecha de reinicio y el plan de reincorporación. En el caso, el incumplimiento del retorno el 1 de septiembre de 2018 es el punto de partida de todo.
- Atienda los procedimientos de la Inspectoría. Según los demandantes, la empresa no compareció a las reuniones conciliatorias. No asistir no detiene el trámite; solo deja a la empresa sin voz.
- Analice las consecuencias laborales antes de transferir activos. Los demandantes invocaron la sustitución de patrono (artículos 66, 68 y 69 de la LOTTT) y la responsabilidad solidaria. La Sala no decidió esos puntos, pero la ventana de riesgo existe.
Lo que esta sentencia no resuelve
- No decide si hubo cierre ilegal, fraude ni sustitución de patrono. Son alegatos de los demandantes que no se examinaron.
- No cambia el procedimiento de protección de fuentes de trabajo. Solo aclara ante quién se plantea.
- No asegura que la Inspectoría resuelva más rápido. En este caso, la propia sentencia reconoce que debe hacerlo «de manera oportuna y efectiva», y los demandantes sostienen que no ocurrió.
- Es un caso concreto. Su aplicación depende de los hechos de cada empresa. [VERIFICAR el alcance antes de generalizar.]
Queda una duda práctica: ¿cuánto cuesta para su empresa dejar una paralización sin decidir, y cuándo debe comenzar a medirse ese costo? La respuesta depende de cada caso.
Antes de suspender labores o transferir activos, que lo revise quien ha decidido estos casos
La Sala Político-Administrativa recordó que la reincorporación tras un cierre se discute ante la Inspectoría, y que el plazo para pedir su autorización, cuando se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, se cuenta en horas. Entre una cosa y otra hay poco margen para improvisar.
Durante 50 años, 17 dedicados al Poder Judicial Marjorie Acevedo Galindo resolvió conflictos laborales como abogado en ejercicio y jueza de Primera y Segunda Instancia. Hoy aplica esa mirada para que su empresa llegue a una paralización con la vía, los lapsos y los acuerdos en orden.
En una consulta privada, Marjorie:
- identifica ante qué órgano debe plantearse cada asunto de su caso;
- revisa los lapsos y la documentación de la suspensión o del cierre;
- analiza los efectos laborales de cualquier transferencia de activos antes de firmarla;
- le dice qué riesgo existe y cuál es el siguiente paso.
¿Ya tiene abogado en la empresa? No necesita cambiarlo. Una segunda opinión sirve antes de firmar o suspender, no después.